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07 de Diciembre de 2013

Edificios que se caen

En 1963 Francesco Rossi estrena una película llamada Le mani sulla cittá, conocida en algunos sitios como Saqueo a la Ciudad, protagonizada por Rod Steiger. Ambientada en Nápoles, cuenta la historia de un concejal corrupto que hace oscuros negocios con la especulación inmobiliaria. En el apuro por concretar una obra, no toman las precauciones necesarias y provocan el derrumbe de un edificio. Entre las víctimas, hay un niño al que deben amputarle una pierna. Sin embargo, el sistema político protege al concejal-empresario de la condena que merecía.

En numerosas oportunidades hemos visto la reiteración de la misma escena. En Buenos Aires, en La Plata, en otras grandes ciudades, ante cada tormenta significativa, se caen edificios linderos a obras nuevas, sin que nadie asuma la responsabilidad de prevenir esos hechos. En zonas de fuerte ascenso de napas, el agua subterránea destruye la tierra sobre la que se apoyan los cimientos y los edificios quedan apoyados sólo por las medianeras. Al demoler uno de ellos para levantar una obra nueva y apuntalar los restantes en forma incompleta, se producen los derrumbes.

Hay, por supuesto, una obvia ausencia del Estado. En Argentina, el profesional que construye debe firmar un contrato por el que se hace responsable de que no haya problemas. El Estado no interviene para evitar un desastre. Sólo aparece después, si el desastre se produce o si hay alguna denuncia. Y aún en esos casos, su actuación deja mucho que desear.

Para dar un sólo ejemplo, una de las grandes torres emblemáticas que se construyeron en los últimos años tiene más pisos de los que el Código permite. Se trataba, apenas, de enviar un inspector que contara con el dedo: 1, 2, 3, etc y comparara el resultado con la cifra que tenía en la planilla, y ni siquiera pudo realizar una tarea de esa complejidad.

Ni hablar de la calidad y cantidad de los materiales utilizados, los criterios de diseño, las precauciones a tomar si se construye en zona inundable o la protección de los edificios vecinos.

El 12 de ocubre de este año, en la ciudad colombiana de Medellín, se derrumbó un lujoso edificio de 24 pisos, a punto de terminarse. Murieron cuatro personas y hubo gran cantidad de heridos. El derrumbe se dio en el marco de un proceso de privatización de funciones del Estado, por el cual se le dio el control de las obras a profesionales privados, llamados curadores. Muchos curadores terminaron vendiendo los permisos de construcción, en vez de controlar las obras.

El escándalo consiguiente llevó a que el gobierno prepare un proyecto de ley con controles más estrictos, donde profesionales independientes deberán informar a las autoridades sobre los planos, estado de ejecución de la obra, calidad de materiales, riesgos potenciales, etc. Vean que el sistema prohibe que el constructor se controle a sí mismo (“sistema de yo con yo”), como ocurre en Argentina. Por supuesto, podemos coincidir o discrepar con los criterios que allí se enuncian y preferir un control más centralizado.

Pero lo que me parece importante es señalar que el Estado debe tener una responsabilidad en prevenir los riesgos cuando se hace un edificio, y no solamente constatar que se vino abajo cuando el desastre ya ocurrió.

Antonio Elio Brailovsky

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