¿Quién metió las manos en la lata inundada?

Saca la mano Antonio, que mi casa se me inunda, podría ser una nueva versión de una canción, después que se develó que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires investiga a dos funcionarios de carrera que dieron por concluidas las tareas de ampliación del conducto de acceso al entubado arroyo Vega. Obras que nunca se empezaron y costaron 1.500.000 pesos.

El director de Gestión de Mantenimiento y Control dependiente de la Dirección General de Hidráulica, José Figueira, y su colaborador Claudio Daniel Palmerio, fueron separados de sus cargos y se les inició un sumario administrativo.

Las obras de entubado en el arroyo Vega las tendría que haber realizado la empresa Bachelor SA.

Además de la falta de realización de obras en lugares donde estaban previstas, se sospecha que tanto Figueira como Palmerio tenían alguna vinculación con las empresas Bachelor SA y Concret SA, a las que les adjudicaron la tarea de ensanchar unas quince bocas de acceso al arroyo Vega, para poder ingresar por allí con equipos para realizar trabajos de limpieza e inspección de conductos.

Esas sospechas apuntan principalmente a José Figueira, titular del área de Gestión de Mantenimiento y Control Sanitario dependiente de la Dirección General de Hidráulica. Según una fuente municipal que tuvo acceso a la denuncia, a Figueira se lo vincula con Verónica Beatriz Figueira, que se desempeñaría como vicepresidenta de Concret Argentina SA, empresa contratista de obras públicas del gobierno porteño.

Palmerio, que se desempeñaba como jefe de departamento de la Dirección General de Hidráulica, también tendría familiares entre los integrantes de la firma Concret Argentina.

Los investigadores apuntan no sólo a las obras que no hicieron y que fueron cobradas por las firmas contratistas, sino también a trabajos que efectivamente se realizaron, pero no como lo establecían los pliegos de licitación convocada en 1997.

Se quiere confirmar si las empresas colocaron conductos pluviales de 80 centímetros o de un metro de diámetro, cuando en realidad tendrían que haber colocado caños de 1,20 m, lo que nos es fácil comprobar.

La lupa está puesta también en la facturación que realizaban las empresas al Gobierno de la Ciudad por las obras que les fueron adjudicadas, y en sus antecedentes bancarios y financieros.

¿Plata quemada ó Plata mojada? ¿A dónde están los 1.500.000 pesos.? ¿Cuantos damnificados se hubieran salvado de las aguas? ¿Cuantas incógnitas? ¿Y ahora quién podrá defendernos?

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