Ahora será más fácil instalar rampas para discapacitados en los edificios de la ciudad de Buenos Aires 

Colocar una rampa para personas con discapacidad en un edificio de propiedad horizontal será, desde ahora, mucho más fácil: ya no será necesaria una decisión unánime del consorcio de propietarios. Bastará con que así lo disponga la mayoría simple de los dueños de departamentos para que quienes tengan problemas de movilidad vean facilitado su ingreso en el edificio.

Esto es gracias a una disposición de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (Dgfoc) del gobierno porteño, que ya no exige que la totalidad de los propietarios esté de acuerdo sobre la necesidad de realizar esta clase de reformas.

La disposición 4055 de la Dgfoc, que entró en vigor el 17 de enero último, se tomó luego de un reclamo presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Este organismo recibe a diario numerosos pedidos de personas con discapacidad para que las ayuden a agilizar los cambios en los edificios.

La importancia de la nueva norma se aprecia cuando se piensa que muchas veces llegar a un consenso entre los propietarios puede ser una verdadera hazaña, sobre todo en edificios que tienen gran cantidad de unidades.

La nueva disposición confirma el espíritu de la ley porteña 962 -promulgada en enero de 2003- que estipula que todas las nuevas construcciones deben garantizar la accesibilidad física para todos, a través de las rampas y desn iveles correspondientes.

"No me cabe duda de que las medidas que refuercen el estado de derecho para personas con movilidad y comunicación reducida van a ser un elemento positivo no sólo para éstas personas, sino para toda la población", dijo Silvia Coriat, directora del área de accesibilidad de la Fundación Rumbos. Coriat recordó que la ley nacional 24.314 plantea la obligación que tienen los consorcios de responder al requerimiento de un usuario o visitante sobre la necesidad de construir adecuaciones en los espacios comunes de las viviendas colectivas.

Hasta hace pocos días, el administrador de un edificio de propiedad horizontal que deseaba realizar determinadas obras tenía que solicitar la autorización correspondiente ante la Dgfoc. Ahora, aunque eso se mantiene vigente, ya no habrá que acreditar la conformidad del ciento por ciento de los propietarios para conseguir el permiso.

"Va a ser suficiente que los consorcios lo definan con l a mayoría simple de los miembros presentes o de la totalidad de los propietarios", dijo la defensora del pueblo Alicia Pierini que opinó que, por ejemplo, en edificios con 160 departamentos lograr un consenso es imposible. "Hay que imaginar que algunos dueños pueden estar muertos o haber sucesiones en trámite, entonces es imposible contar con su opinión al respecto", dijo Pierini.

Desde el sector que agrupa a los consorcistas se deslizó la misma opinión. "Muchas veces, el permiso municipal se veía entorpecido por la falta de conformidad unánime de los dueños. No sólo era difícil porque no todos estaban de acuerdo, sino que a veces ni siquiera se logra reunirlos en una misma mesa", dijo Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, que consideró que la Dgfoc siguió un criterio "sumamente plausible" al tomar la decisión de librarlos de aquella pesada carga.

Objeción legal

Aunque se manifestó absolutamente a favor de la nueva medida, Loisi consideró que el gobierno porteño, al permitirles a los consorcios librarse de la unanimidad para llegar a un acuerdo, se está inmiscuyendo en competencias que pertenecen al Poder Legislativo nacional.

"La ley de propiedad horizontal, que es nacional, dice que cuando se introducen modificaciones en los edificios, cualquiera que sean, el consorcio debe decidirlo por unanimidad. El cambio de la ley tienen que hacerlo el Congreso", dijo Loisi.

Luis Ignacio Franceschi, titular de la Dgfoc, consideró que no hay conflictos de competencia. "Las leyes nacionales rigen para todos, pero no están destinadas a cubrir las reglamentaciones municipales. El gobierno [porteño] hizo una libre interpretación de la norma que se basa en una razón de mejor vivir para las personas discapacitadas", afirmó.

Franceschi dijo desde hace tiempo vienen planteándose problemas entre la personas con discapacidades y los consorcios, que se niegan a facilitarles el acceso por una rampa amparándose en que no logran unanimidad en las decisiones.

Para los propietarios, muchas veces, la decisión pasa por una cuestión puramente económica.

"Cuando no hay acuerdo para construir facilidades para las personas con movilidad reducida es porque no se quiere desembolsar el dinero que hace falta", dijo María Arano, de 31 años, dueña de un departamento en el barrio de Núñez, en un edificio que no está preparado para el ingreso con sillas de ruedas.

"Pienso que toda la ciudad, incluidos los edificios privados, debería estar preparada para que la gente discapacitada pueda circular sin inconvenientes", opinó la joven.

Mario Monaco, de 33 años, que vive en el barrio Las Cañitas, dijo que en su edificio llegar a los ascensores puede ser una verdadera odisea para las personas con discapacidades. "Hay tres escalones en la entrada y otros cuantos más para llegar al ascensor. Es imposible que acceda una persona en silla de ruedas. Yo no tendría inconvenientes en que me suban las expensas para pagar las remodelaciones", dijo.