El jueves 07 de abril de 2022, Personal de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, conjuntamente con el Cuerpo de Investigadores Judiciales del Ministerio Público Fiscal y otras dependencias nacionales y porteñas, realizaron una inspección integral a una clínica ubicada en Dragones al 1800, en el barrio de Belgrano.
La medida fue dispuesta por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 5 y se dio en el marco de una causa por averiguación de una presunta infracción al artículo 205 del Código Penal que sanciona a quien incumpla normas para evitar la propagación de enfermedades. El origen de la causa es una investigación a partir de informaciones en redes sociales sobre supuestos padecimientos y mala atención que sufrirían los pacientes y la superpoblación que facilitaría la propagación de enfermedades.
Realizaron una minuciosa inspección por los siete pisos de la clínica, pasando por todos los sectores de servicios médicos de atención de pacientes de forma ambulatoria y en zonas donde había personas internadas con patologías más graves, en general ancianos afiliados al PAMI. Se llegó a sectores de Farmacia, Kinesiología, Terapia Intensiva, Laboratorio y Hematología y se encontraron diversas irregularidades en su funcionamiento, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.
Los oficiales hallaron en el procedimiento una gran cantidad de medicamentos vencidos en el sector de Terapia Intensiva y reactivos fuera de su fecha útil en el Laboratorio. Además, se encontraron residuos patogénicos arrojados en tachos sin su debida protección. El médico director del establecimiento no se encontraba en el lugar y se hallaron irregularidades en la documentación de la clínica.
Se labraron actas de intimación por cables expuestos, falta de señalización de matafuegos y sistema de evacuación, falta de protección a tubos de hidrógeno, informes sobre inspección a calderas y estudios físico químico y bacteriológico de los tanques de agua.
Corroborando datos se comprobó que una enfermera y una médica que atendían no poseían sus correspondientes matrículas habilitantes por el Ministerio de Salud. El magistrado actuante dispuso que a la enfermera y a la médica se las notifique en una causa en su contra por Ejercicio Ilegal de la Medicina y por ejercer una profesión sin títulos habilitantes. Además solicitó que los entes gubernamentales que participaron de la inspección, eleven un informe de las actuaciones y ordenó que se proceda al secuestro de los medicamentos vencidos hallados en los distintos sectores y de los elementos patogénicos.
Colaboraron en el procedimiento, representantes del Ministerio de Trabajo de la Ciudad, Ministerio de Salud de la Nación, ANMAT, Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad y de la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA).
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