Buscando justicia para las víctimas y sus familias, el pasado 19 de mayo de 2025 comenzó el juicio por contagio en geriátrico. En el establecimiento ubicado en Av. De Los Incas al 3000, 28 residentes contrajeron COVID-19 y 10 fallecieron. Se imputó a los apoderados del geriátrico, y a la directora médica. Se los acusa de homicidio culposo agravado, violación de medidas sanitarias en pandemia y lesiones culposas. También enfrenta cargos una funcionaria del Gobierno de la Ciudad, por presunto incumplimiento de sus deberes como coordinadora de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos.
Se sospecha que todo empezó con una trabajadora que asistió a su turno con síntomas y resultó positiva de COVID-19. En los días siguientes, el virus se propagó rápidamente entre los residentes y el personal. Esta residencia geriátrica tuvo que ser desalojada el martes 21 de abril de 2020 por la noche, tras detectarse algunos adultos mayores y empleados infectados con coronavirus. El establecimiento que tenía una población de 33 ancianos, fue clausurado. El día domingo, ya habían sido retirados por familiares 10 de ellos, mientras que otros 7 se fueron en la tarde del martes. Los restantes 16 se trasladaron con ambulancias del Same en camillas y con oxígeno a distintos centros de salud. Un fiscal ordenó la evacuación de la clínica y dispuso un allanamiento para retirar los libros de ingreso y egreso, las historias clínicas y otros elementos de prueba.
¿Se podría haber evitado?
En el año 2020, cuando se produjo el desalojo, la Lic. Laura Brovedani, presidenta de “Patrimonio de Belgrano”, emitió el siguiente comunicado:
El Órgano de Consulta del Distrito U28, constituido por vecinos de Belgrano R, luego de analizar el escandaloso Expediente: N° 2015-08516482-DGROC “Obras ejecutadas sin permiso reglamentario” en el inmueble sito en Zapiola 1641 Sótano, Planta Baja 1° y 2° Piso en el año 2016, solicitó la DEMOLICIÓN y CLAUSURA del inmueble sito en Zapiola 1641 esquina Av. de los Incas 3083 por estar en ejecución obras no reglamentarias y sin permiso y además por carecer de las correctas habilitaciones tanto para obra como para su uso “Geriátrico”.
Tanto el Dictamen del Órgano de Consulta del Distrito U28, como la existencia de otra documentación como por ejemplo, el propio Expediente antes mencionado (iniciado por los propietarios y/o responsables del geriátrico en el 2009 y que llegara para la consulta vecinal en el 2016) deja expuesto que hay más de un responsable de la situación de Zapiola 1641. Que la responsabilidad no es solamente de “un inspector” y que los mecanismos que tiene el Gobierno de la Ciudad para el manejo y administración de la Ciudad son confusos y poco claros.
Recomendaciones para los lectores de la nota: “Juicio por contagio en geriátrico”
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