En septiembre de 2017, la Fundación Rumbos junto a los legisladores porteños Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT) y Adrián Camps (Socialismo Auténtico), presentaron un proyecto de ley. Avalado por 13 organizaciones de la sociedad civil, este proyecto proponía un Plan Integral de Reparación y Mantenimiento de Veredas en CABA que, para las etapas de diseño y planificación, incorporaba a organizaciones de personas en situación de discapacidad y, en la etapa de control, a las Comunas y sus respectivas entidades vecinales. Fijaba criterios de accesibilidad y seguridad necesarios tanto en el diseño de los cruces peatonales como en el de sendas alternativas cuando la vereda es intransitable. Subrayaba la responsabilidad del Estado en la construcción y mantenimiento de la vereda, ya que es propietario de la misma, y es quien debe garantizar la circulación segura y efectiva de los peatones. Consideraban que siendo las veredas y las calles partes de la vía pública, no existe motivo para desligar al Estado de su responsabilidad principal. El proyecto jamás tuvo tratamiento en la Legislatura Porteña. En diciembre del mismo año el Poder Ejecutivo presentó dos leyes a las que le dieron “tratamiento express”. Las leyes 59016 y 59027 no tomaron en cuenta las cuestiones que plantearon las organizaciones civiles. Por el contrario, ratificaron que la responsabilidad de reparar las veredas se divide entre el Estado (en el caso de rotura por raíces de árboles), las empresas de servicios (en aperturas realizadas por ellas mismas) y los frentistas (en cualquier otra circunstancia, incluido el desgaste por el uso normal peatonal o vial).

A casi 6 años de sancionadas estas leyes, y con millonarios presupuestos para el mantenimiento de veredas, el estado de las veredas sigue igual o peor. Las personas se siguen lesionando y el Estado continúa sin garantizar una circulación accesible y segura. Sumado a esto, el espacio público se encuentra invadido por equipamiento gastronómico y todo tipo de elementos que dificultan aún más la circulación, sin control comunal. Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) simplificó los trámites de permisos y requisitos de uso de estos equipamientos y accesorios en áreas gastronómicas, veredas y parques. Los peatones seguimos en peligro.

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