La Fábrica Barthel se estableció en Freire 3047 (Coghlan), a tan sólo una cuadra del barrio de Núñez, en el año 1923. Allí se fabricaban muebles y trabajaban alrededor de 70 obreros con maquinarias que habían sido traídas de Alemania. La parcela está conformada por diversos cuerpos y pabellones. El volumen de acceso contiene vivienda en planta alta y oficinas de administración en planta baja, desde donde se puede acceder, a través de una sucesión de locales con galería lateral, al cuerpo principal de los talleres. Un pabellón de dos niveles y techo a dos aguas, cierra la perspectiva desde el acceso de la calle Freire y en su frente puede leerse “Año 1925”. Este pabellón se conecta con un cuerpo en forma de “L” donde aún se encuentran las salas de lustre y depósito. El patio da frente a diversas dependencias de servicio presentando así mismo un acceso secundario desde la calle Freire. Estas piezas se conservan con alto grado de autenticidad. Hacia el fondo la parcela se encuentra conectada con la parcela que tiene frente sobre la calle Zapiola 3036. La misma es una casa de tipo chorizo recostada sobre medianera izquierda y patio lateral.

En la causa caratulada como “ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A LA CIUDAD CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO”, el pasado 09 de noviembre de 2023 la Justicia ordenó frenar la demolición del Edificio de Ex Fábrica Barthel. El 26 de enero de 2024, la Sala de Feria CAyT rechazó los recursos de apelación interpuestos por el GCBA y la empresa Jorne S.A. y ratificó la medida cautelar dictada por el Juez Roberto Andrés Gallardo que había ordenado frenar la demolición.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, había otorgado un permiso de obra nueva a la empresa Jorne S.A. para el predio donde se encuentra el conjunto edilicio catalogado con nivel de protección estructural por Ley N° 5117 de 2014. Alegando que los pabellones no presentan valor patrimonial, el GCBA autorizó la demolición de más del 86% del conjunto edilicio contrariando la protección patrimonial estructural otorgada por la Ley N° 5177 a la totalidad del inmueble, es decir, que protege todo el conjunto sin distinción entre los pabellones y el edificio de habitación. También autorizó a incrementar el volumen del edificio y construir en el pulmón de manzana, situaciones absolutamente prohibidas por el Código Urbanístico.

La ley habla del valor urbanístico ambiental del conjunto en los siguientes términos: “No obstante el importante tamaño de la parcela con los retiros de frente y la tipología edilicia lo presentan como un hito de valor referencial para el barrio. Se destaca la articulación de las piezas que conforman el conjunto con los jardines y arboleda, construyendo un contexto de especial calidad ambiental”. La decisión correspondiente a desestimar el valor patrimonial de los pabellones corresponde a la Legislatura de la Ciudad que ha decidido otorgarles protección patrimonial con nivel estructural. El Poder Ejecutivo no puede desestimar la valoración patrimonial de la Legislatura porque no tiene la competencia constitucional para ello.

Por otra parte, de acuerdo con el Código Urbanístico el nivel de protección estructural implica que solo se pueden hacer modificaciones internas, estando prohibidas las obras de demolición y ampliación, pero el proyecto autorizado prevé el aumento en 250% del volumen edificado llevando la altura de dos plantas a 5 plantas con la construcción de subsuelos en toda la parcela. Gran parte de las nuevas construcciones se van a emplazar en el pulmón de manzana, situación también prohibida por el Código Urbanístico. En la carátula del permiso de obra se detalla que se van a demoler 2011 m2, es decir, el 86,89% del edificio protegido patrimonialmente. De los 2314 m2 del edificio sólo se conservarán 303 m2. Y, además, se incrementará el volumen en unos 8305 m2. Además, se proyecta el retiro injustificado de especies arbóreas que forman parte del paisaje y del entorno que hacen a la protección patrimonial y a la calidad ambiental del inmueble.

Habiendo constatado que la demolición ya empezó, los colectivos y asambleas “Movimiento la Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, “Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)”, “Asociación Civil Amigos de La Estación Coghlan”, “Centro Murga Los Magos de Saavedra”, “Asociación Vecinal Loma de Saavedra” y el “Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP)”, presentaron un amparo colectivo ambiental con medida cautelar, solicitando que se declare la ilegalidad de los permisos otorgados y se interrumpan inmediatamente los trabajos constructivos y de demolición en el predio.

La Arquitecta Dora Young, integrante de la “Asociación Civil Amigos de La Estación Coghlan” y profesional que elaboró un dictamen para la causa judicial, expresó: “La mueblería Barthel es un conjunto de gran valor. Además de los aspectos arquitectónico, urbanístico y paisajístico, está instalada como un hito simbólico en la memoria de varias generaciones de vecinos, e inclusive tiene significado histórico. Pero nada de todo esto parece ser suficiente para detener la especulación, con consecuencias cada vez más negativas para la calidad de vida de todos los ciudadanos, ya que no es un caso aislado y se repite en todos los barrios, siendo especialmente afectados los de baja densidad. El impacto negativo que generan no se limita a lo estético, arquitectónico o paisajístico. Cada emprendimiento inmobiliario impacta sobre las redes de servicios (cloacas, agua corriente, desagües pluviales, gas, electricidad, etc) que no están en condiciones de abastecerlos, y no se actualizan. Tampoco se contempla la mayor demanda de vacantes escolares, ni los servicios de salud o transporte. Se elimina superficie absorbente favoreciendo las inundaciones, y no se adoptan las medidas necesarias para mitigar el efecto de las grandes lluvias; por ejemplo, se encuentran paralizados los trabajos del parque Sarmiento, que, aunque insuficientes, servirían para mitigar parcialmente las inundaciones en la cuenca del arroyo Medrano. Todo esto acompañado de un gravísimo déficit habitacional, cuya solución no parece estar entre las prioridades de los gobiernos, y que estos emprendimientos no aspiran a solucionar; más bien a generar un stock de viviendas ociosas, destinadas al mercado turístico o simplemente a reserva de capital”.

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